El desarrollo del principio de autonomía previsto en la Constitución, durante más de tres décadas, ha permitido una notable descentralización política del Estado, así como un amplio ejercicio del autogobierno de las Comunidades Autónomas. No obstante, la reciente evolución del Estado autonómico, tras las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía, y las sentencias del Tribunal Constitucional, recomienda abrir un proceso de reflexión sobre el futuro de nuestro modelo de organización territorial.
Por otra parte, el Informe de las Comunidades Autónomas, que el Instituto de Derecho Público de Barcelona viene elaborando desde hace más de veinte años, recoge anualmente los principales elementos del sistema autonómico y constituye un instrumento esencial de trabajo para los expertos, pero su contenido alcanza un efecto limitado en el ámbito institucional.
